Luego de ríos de tinta y horas de aire de análisis preelectorales sobre qué pasará en Córdoba en el 2023 y que imprimen recorridas de extremo a extremo sobre posibilidades y probabilidades, de un centenar de acciones de un sinnúmero de actores políticos con intereses dispersos; lo cierto es que hoy y de cara al 25 de Junio venidero la discusión queda reducida en otras variables a las que normalmente o más bien asiduamente se ponen sobre el tablero de la contienda electoral.
Es más, a partir de los resultados de estudios de opinión pública de tipo cuantitativo (encuestas probabilísticas) como cualitativos (grupos focales) y si nos servimos de las teorías espaciales del voto para ensayar la comprensión de la distribución de preferencias ciudadanas más allá de cualquier coincidencia con algún concepto asociado en términos ideológicos puros, centrando la imagen entre oficialismo u oposición, podemos sintetizar en las candidaturas de Martin Llaryora y Luis Juez respectivamente el esquema.
En el mismo sentido, cualquier vecino con cierta trayectoria de vida ciudadana en términos de participación electoral podrá advertir que podríamos estar hablando de dos figuras un tanto similares, sea por sus antepasados de formación política, de su trayectoria en su carrera política, de tener al mismo padrino (o socio) político en algún momento de su vida pero que disputan el mismo sueño de gobernar a la provincia de Córdoba.
Hasta aquí, ese mismo vecino que se encuentra asombrado de tantas características compartidas, encuentra atravesado ese eje oficialismo – oposición por otro muy significativo y que actúa transversalmente, que dirime entre pasado y futuro.
Este es el momento que emergen las diferencias supremas entre ambos, y que darán respuestas a la disputa del 80% del electorado participante. El otro 20% restante se distribuyen entre el resto de las candidaturas, los votos en blanco, votos nulos y/o impugnados. Además quedan afuera de la discusión los ausentes, los que no van a votar.
De modo que, nuevamente nutriéndonos de la biblioteca politológica encontramos un par de herramientas que nos ayudan a entender mejor. Por un lado, la narrativa discursiva de los emisores en cuestión son abismalmente distintos; en el caso de Martin Llaryora apela a su capacidad de hacer, de generar condiciones y oportunidades no solo para el presente sino en la construcción de los issues de la nueva agenda pública, tal como la modernización del Estado, las cuestiones medioambientales, la potenciación de las industrias sin humo, del desarrollo del conocimiento como un capital compartido, sin olvidarse de las prestaciones básicas de cualquier responsabilidad provincial, como la seguridad, la educación y la salud. En otras palabras hay un concepto en cada acción.
En la otra vereda, la propuesta de Luis Juez está muy anclada en señalar los errores de lo que no se hizo o de lo que considera EL que está mal, no de lo que está en discusión. Es una construcción en base de intereses particulares, de sueños egoístas. Es más, siempre en sus discursos habla de que le roban (a El), de lo que no pudo hacer (EL) y la plataforma es muy vacía, llena de conceptos abstractos y estirados, que se sirven de diagnósticos un tanto anacrónicos que no responden a una mayoría sino a contagiar a OTRO un tanto desprevenido o disgustado con la cosa pública, justamente porque igual que EL no se benefició. O sea, su historicidad política frustrada es su mayor capital político.
No obstante, siempre hay un residual del electorado que manifiesta cierta incertidumbre en sus preferencias, sea por apatía institucional, ideológica, desconfianza o solamente ser un renegado de la vida en sociedad; pero que con su participación será el garante de un triunfo el próximo 25 de junio cuando la renovación del cordobesismo entre en el plebiscito ciudadano.
En este sentido, las respuestas estarán dadas por aquel que se atreva a desafiar al Teorema de Baglini, que decía “cuanto más lejos se está del poder, más irresponsables son los enunciados políticos; cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven”, simplemente porque el ciudadano está harto de depositar confianza y no sentir bienestar en las promesas incumplidas.